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Piura, 25/11/2024
"El uso de mercurio afecta la salud humana, afecta condiciones de producción, afecta el agua, afecta condiciones de alimentación. El uso de mercurio es devastador en todo sentido”, afirmó el pasado 14 de noviembre, Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en la presentación del informe “Minería Ilegal de Oro: Impactos sobre los Derechos Humanos y la Biodiversidad en la Amazonía – Seis países reportan” en la Universidad de Georgetown de EE.UU.
Almagro enfatizó en la necesidad de una respuesta coordinada para mitigar los efectos de esta actividad, especialmente en el uso de mercurio. “Es algo que en Latinoamérica no debería existir. Desde la Convención de Minamata hasta ahora deberíamos haber sido muchos más consecuentes y fuertes institucionalmente para prohibir todo uso de mercurio en nuestras sociedades”, explicó.
Este informe ha sido elaborado por organizaciones de seis países amazónicos, el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), Fundación Pachamama (Ecuador), Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Fundación Gaia Amazonas (Colombia), Hutukara Associação Yanomami (Brasil), Monitoring of the Andean Amazon Project (MAAP), People in Need (República Checa), Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), y SOSOrinoco (Venezuela).
Este documento analiza el impacto de la minería ilegal de oro abordando las consecuencias de esta actividad para los pueblos indígenas y el medio ambiente, pero también con propuestas para enfrentar este delito en conjunto. Da luces sobre cómo los Estados pueden mitigar, prevenir y sancionar los daños producidos por esta actividad. Además demuestra los impactos que tiene el mercurio en los ecosistemas, en la salud y la alimentación de las poblaciones.
EL CONTEXTO PERUANO
Tras la participación de Almagro, continuó Silvana Baldovino, directora del programa de Pueblos Indígenas y Biodiversidad de la SPDA, quien explicó el contexto peruano, donde el crecimiento de la minería ilegal se ha dado de una forma bastante rápida en los últimos años, estando vinculado con la corrupción y el crimen organizado.
Baldovino, aseguró que esta situación se agrava debido a que el sistema de justicia tiende a procesar solo a pequeños mineros, mientras las estructuras del crimen organizado y los grandes responsables de la actividad ilegal permanecen fuera del alcance de la ley.
Igualmente, explicó cómo el copamiento de instituciones se ha convertido en un mecanismo que favorece el avance de la minería ilegal y otros delitos, desde el nivel local hasta el nacional. Según detalló, en Perú se ha visto a personas y grupos con intereses específicos que se infiltran en partidos políticos para acceder a cargos de poder, debilitando aún más el sistema electoral, sostuvo: “El congreso no responde a intereses colectivos, sino individuales. Tenemos alcaldes y gobernadores que responden a intereses particulares”.
Finalmente, Baldovino indicó que la única forma de enfrentar estos desafíos es a través de un esfuerzo regional coordinado y una estructura institucional sólida que permita controlar y sancionar eficazmente la minería ilegal.
RIESGOS QUE ENFRENTAN LOS DEFENSORES AMBIENTALES
Walter Quertehuari, presidente del Ejecutor del Contrato de Administración de la Reserva Comunal Amarakaeri (ECA Amarakaeri), señaló los altos riesgos que enfrentan los defensores ambientales. “Ser defensor del territorio es de alto riesgo. Nos están matando. En 2024, asesinaron a mi tío que era un guardaparque, y a otro indígena matsigenka en Madre de Dios. Defender nuestros bosques es defender la vida”, manifestó. Añadió que la minería ilegal, junto a la tala y la construcción de carreteras no planificadas, están afectando los territorios indígenas y alterando las estructuras sociales de las comunidades amazónicas.
Sitio de descarga: https://siar.regionpiura.gob.pe/documentos/repositorio/php24Rtbp.PDF
